En España hay más de 3 millones de empleados públicos, de los cuales medio millón pertenecen al Estado, y el resto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, y otras entidades locales.
Esa cifra contrasta con los 5 millones que hay en Alemania, país con algo más del doble de población que el nuestro. En resumen, de cada 13 españoles uno es empleado público (7 son parados, niños, jubilados y amas de casa, y los 5 que quedan son trabajadores de empresas privadas, autónomos, etc). En Alemania, una sociedad cubierta con servicios públicos de calidad en todos los sectores (medio ambiental, sanitario, transportes, educación), hay un empleado público por cada 16 alemanes.
Los que critican a saco a la administración pública utilizan esa comparación para pedir un recorte en el número de funcionarios. Sin embargo, no es un argumento tan válido, ya que en caso hipotético de que España aumentara su población el doble, su número de funcionarios no se multiplicaría por 2. Tendríamos más funcionarios que ahora, es obvio, pero el número de ministerios sería el mismo, y también de comunidades autónomas y ayuntamientos. En definitiva, nos equipararíamos a Alemania.
El principal cáncer de las administraciones es la penosa gestión económica de sus gastos e ingresos y la alegría con la que se endeudan. Pedir un préstamo supone que en el futuro deberás devolver el dinero que te han prestado más los intereses. En el caso de las hipotecas, los ciudadanos acabamos pagando al banco o caja casi el doble del préstamo inicial, pero como la vivienda es algo necesario, asumimos ese sobrecoste. Las administraciones han hecho todos estos años algo parecido. Han pedido préstamos a bancos y cajas para afrontar los presupuestos anuales. En lugar de priorizar las inversiones y gastos, quitando de los presupuestos todo aquello que puede ser prescindible, han continuado construyendo pabellones de fiestas, arreglando frontones, reinventando direcciones generales, empresas públicas, etc. Además de endeudarse, han derrochado y malgastado el dinero prestado. Al final, la limpieza de cara del frontón del pueblo, que nadie usaba antes y que nadie está usando ahora, va a costar un ojo de la cara, ya que parte de la factura se pagó con dinero del préstamo.
Una empresa privada no asumiría jamás ese tipo de riesgos económicos. Cierto es que su objetivo principal es el ánimo de lucro, el beneficio de su negocio, por tanto no resulta muy válida la comparación. La administración sin embargo se parece mucho más a una familia. Una familia en la que el cabeza de familia, el que decide en qué se gasta el dinero y cómo, ha estado dando estos años el peor de los ejemplos en cuanto a austeridad y control de gasto. Una familia que se ha endeudado para adquirir tonterías, lujos, prendas de marca, etc. con la confianza de que sus ingresos en el futuro crecerían lo suficiente para devolver esos préstamos (y seguir pidiendo otros).
La crisis económica ha producido una reducción del flujo de dinero privado, y por tanto las administraciones están recaudando menos dinero en impuestos de transmisiones de patrimonio, principalmente. Al mismo tiempo, al aumentar el paro ha tenido que incrementar el gasto en subsidios, y reinventar fórmulas paliativas para mantener el empleo, como ayudas, subvenciones, planes (el sector del automóvil y el de la construcción con el Plan E han sido los grandes beneficiarios). Eso está rompiendo el frágil equilibrio de las arcas públicas. Debe por tanto buscar fórmulas eficaces que permitan aumentar los ingresos o reducir los gastos. Una de esas fórmulas es el aumento de los impuestos. Pero eso frenará el consumo y de nuevo peligrarían montones de empleos. También ha optado por reducir el gasto corriente, congelando las pensiones y bajando el sueldo de los empleados públicos un 5%. Se trata de una medida discutida, un sacrificio asumible, que se exige a esos 3 millones de españoles, pero que debería ir acompañada de austeridad y mayor ahorro en otros capítulos. Si no es así, el esfuerzo será estéril y acabaremos como Grecia.
¿Cómo reduciría yo la deuda de las administraciones?. Para no frenar el consumo, hay que recaudar en impuestos concretos y no genéricos, subiendo el tabaco y el alcohol principalmente. A nivel municipal, aplicaría un canon verde en el impuesto de vehículos, pagando más aquellos que consuman más, en concreto los 4x4 de lujo. El sector del 4x4 de lujo ha crecido mucho en las ciudades, y sólo el tamaño de estos coches está ya repercutiendo negativamente en el tráfico y en el espacio físico. Imaginaros que todos cambiáramos nuestro utilitario por un BMW X5 o un Volkswagen Tuareg. Las ciudades ya de por sí saturadas no podrían asumir tal ‘engorde’ del parque automovilístico. Con estas medidas, el perfil medio al que le estamos haciendo pagar más impuestos sería ese señor que conduce un Porsche Cayenne o un BMW X5 mientras va fumando un puro. A mí no me da ninguna pena.
Y para reducir gastos en la administración, desmantelaría las empresas públicas, volviendo cada administración a asumir las competencias que esas empresas habían contraído, sin perjuicio de los empleados. Priorizaría los gastos de mantenimiento de los servicios corrientes, tanto sanitarios, de educación, sociales, etc. frente a otros, y reduciría gastos en estos segundos.
Esa cifra contrasta con los 5 millones que hay en Alemania, país con algo más del doble de población que el nuestro. En resumen, de cada 13 españoles uno es empleado público (7 son parados, niños, jubilados y amas de casa, y los 5 que quedan son trabajadores de empresas privadas, autónomos, etc). En Alemania, una sociedad cubierta con servicios públicos de calidad en todos los sectores (medio ambiental, sanitario, transportes, educación), hay un empleado público por cada 16 alemanes.
Los que critican a saco a la administración pública utilizan esa comparación para pedir un recorte en el número de funcionarios. Sin embargo, no es un argumento tan válido, ya que en caso hipotético de que España aumentara su población el doble, su número de funcionarios no se multiplicaría por 2. Tendríamos más funcionarios que ahora, es obvio, pero el número de ministerios sería el mismo, y también de comunidades autónomas y ayuntamientos. En definitiva, nos equipararíamos a Alemania.
El principal cáncer de las administraciones es la penosa gestión económica de sus gastos e ingresos y la alegría con la que se endeudan. Pedir un préstamo supone que en el futuro deberás devolver el dinero que te han prestado más los intereses. En el caso de las hipotecas, los ciudadanos acabamos pagando al banco o caja casi el doble del préstamo inicial, pero como la vivienda es algo necesario, asumimos ese sobrecoste. Las administraciones han hecho todos estos años algo parecido. Han pedido préstamos a bancos y cajas para afrontar los presupuestos anuales. En lugar de priorizar las inversiones y gastos, quitando de los presupuestos todo aquello que puede ser prescindible, han continuado construyendo pabellones de fiestas, arreglando frontones, reinventando direcciones generales, empresas públicas, etc. Además de endeudarse, han derrochado y malgastado el dinero prestado. Al final, la limpieza de cara del frontón del pueblo, que nadie usaba antes y que nadie está usando ahora, va a costar un ojo de la cara, ya que parte de la factura se pagó con dinero del préstamo.
Una empresa privada no asumiría jamás ese tipo de riesgos económicos. Cierto es que su objetivo principal es el ánimo de lucro, el beneficio de su negocio, por tanto no resulta muy válida la comparación. La administración sin embargo se parece mucho más a una familia. Una familia en la que el cabeza de familia, el que decide en qué se gasta el dinero y cómo, ha estado dando estos años el peor de los ejemplos en cuanto a austeridad y control de gasto. Una familia que se ha endeudado para adquirir tonterías, lujos, prendas de marca, etc. con la confianza de que sus ingresos en el futuro crecerían lo suficiente para devolver esos préstamos (y seguir pidiendo otros).
La crisis económica ha producido una reducción del flujo de dinero privado, y por tanto las administraciones están recaudando menos dinero en impuestos de transmisiones de patrimonio, principalmente. Al mismo tiempo, al aumentar el paro ha tenido que incrementar el gasto en subsidios, y reinventar fórmulas paliativas para mantener el empleo, como ayudas, subvenciones, planes (el sector del automóvil y el de la construcción con el Plan E han sido los grandes beneficiarios). Eso está rompiendo el frágil equilibrio de las arcas públicas. Debe por tanto buscar fórmulas eficaces que permitan aumentar los ingresos o reducir los gastos. Una de esas fórmulas es el aumento de los impuestos. Pero eso frenará el consumo y de nuevo peligrarían montones de empleos. También ha optado por reducir el gasto corriente, congelando las pensiones y bajando el sueldo de los empleados públicos un 5%. Se trata de una medida discutida, un sacrificio asumible, que se exige a esos 3 millones de españoles, pero que debería ir acompañada de austeridad y mayor ahorro en otros capítulos. Si no es así, el esfuerzo será estéril y acabaremos como Grecia.
¿Cómo reduciría yo la deuda de las administraciones?. Para no frenar el consumo, hay que recaudar en impuestos concretos y no genéricos, subiendo el tabaco y el alcohol principalmente. A nivel municipal, aplicaría un canon verde en el impuesto de vehículos, pagando más aquellos que consuman más, en concreto los 4x4 de lujo. El sector del 4x4 de lujo ha crecido mucho en las ciudades, y sólo el tamaño de estos coches está ya repercutiendo negativamente en el tráfico y en el espacio físico. Imaginaros que todos cambiáramos nuestro utilitario por un BMW X5 o un Volkswagen Tuareg. Las ciudades ya de por sí saturadas no podrían asumir tal ‘engorde’ del parque automovilístico. Con estas medidas, el perfil medio al que le estamos haciendo pagar más impuestos sería ese señor que conduce un Porsche Cayenne o un BMW X5 mientras va fumando un puro. A mí no me da ninguna pena.
Y para reducir gastos en la administración, desmantelaría las empresas públicas, volviendo cada administración a asumir las competencias que esas empresas habían contraído, sin perjuicio de los empleados. Priorizaría los gastos de mantenimiento de los servicios corrientes, tanto sanitarios, de educación, sociales, etc. frente a otros, y reduciría gastos en estos segundos.
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